A. Castro 15/12/2011 (06:00h)
Las suspicacias que parecía tener la Junta de Andalucía sobre el oleoducto del empresario extremeño Alfonso Gallardo han desaparecido. El riesgo del proyecto estaba no ya en los doscientos kilómetros de tubería que recoge y que enlazaría el puerto de Huelva con los Santos de Maimona, en Badajoz, donde se construiría la Refinería Balboa, sino en los casi seis millones de toneladas de crudo que tendrían que desembarcarse al año en la zona de influencia del Parque de Doñana, que se sumarían así a las de Cepsa, con el consiguiente riesgo de episodios contaminantes.
La Junta de Andalucía va a presentar hoy en el Consejo Rector de Participación Ciudadana de Doñana un informe en el que da el visto bueno al proyecto de oleoducto de Gallardo, aunque con advertencias sobre la conveniencia de preservar en todo momento el medio ambiente. A partir de aquí serán los ministerios de Industria y Medio Ambiente los que decidan definitivamente sobre la viabilidad definitiva del proyecto. Es decir, el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, ya que Rosa Aguilar y Miguel Sebastián acaban de traspasar sus poderes.
La decisión de la Junta, en todo caso, encierra toda una estrategia que se ha desarrollado en los últimos meses y que se remonta a un pacto político de gran calado. El desembarco de Gallardo en Andalucía con su proyecto de oleoducto bajo el brazo se produjo hace más de un lustro. De forma paralela a la iniciativa industrial del empresario extremeño, Gallardo se hizo con el control de varios diarios provinciales, que pertenecían al Grupo Prisa. La precaria situación de estos periódicos, ubicados en Sevilla, Huelva y Jaén, más participaciones en Almería, obligó a Prisa a buscar comprador. Gallardo era un advenedizo en el mundo de los medios escritos, pero los oficios del entonces consejero Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves, consiguieron convertirlo en el editor adecuado, con liquidez suficiente para soportar la compra y mantenimiento.
Las dificultades para poner en marcha el proyecto del oleoducto, cuestionado incluso por la Unesco, la crisis de la prensa y la demora de la Junta en atender los intereses de Gallardo, empujaron al empresario extremeño a abandonar el grupo de medios desde el que acarició la idea de construir el mayor holding mediático de Andalucía, con el apoyo político del PSOE-A y la Junta.
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