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lunes, 11 de octubre de 2010

INTERESANTE EDITORIAL SOBRE EL ELEVADO NÚMERO DE PARADOS Y LA PLANTACIÓN DE LA FRESA.

Los parados y el campo andaluz

Actualizado 11.10.2010 - 01:00

COMO todos los años por estas fechas comienzan en los campos onubenses (Palos, Moguer, Lepe, Cartaya, Almonte, Lucena o Rociana) las tareas de plantación de la fresa y, como todos los años, regresará a los tajos el contingente de trabajadoras marroquíes. En esta ocasión repiten la mayoría de las 700 jornaleras de la anterior campaña, más otras 264 para la frambuesa. Las cifras han sido pactadas en el marco de la comisión que coordina la llegada de estas inmigrantes y de la que forman parte administraciones, asociaciones empresariales y sindicatos. Huelva fue pionera en España en la regulación y puesta en marcha de los contratos en origen a los trabajadores extranjeros, un modelo que es seguido hoy en día con éxito en otros puntos con alta producción agrícola. El hecho paradójico es que la llegada de esta mano de obra a la provincia coincide con la persistencia de unas cifras de desempleo alarmantes: más de 53.000 onubenses están inscritos en las listas del paro, tras una subida del 12,5% en los últimos doce meses. No carentes de razón, los sindicatos reclaman que la mano de obra en el campo sea de forma prioritaria para los trabajadores locales, pero un año más hay que recordar que las tareas agrícolas, además de requerir cierta especialización y experiencia -particularmente, todas las relacionadas con las fresas y las berries- no tienen una demanda entre los desempleados lo suficientemente amplia como para cubrir los puestos de trabajo que se requieren y, en muchos casos, los contratados locales abandonan los tajos en cuanto completan el mínimo de peonadas necesarias para cobrar el subsidio. En 2009, por ejemplo, quedaron vacantes un millar de puestos que pese a la polémica y algunas protestas iniciales fueron cubiertos con extranjeros. Ésas son las razones por las que los empresarios recurren a las mujeres inmigrantes, personas cuyo único objetivo es lograr unos ingresos extras -unos 40 euros al día fijados en el convenio del campo- con los que poder mantener a sus familias y regresar a sus hogares en cuanto termina la campaña. El fenómeno se reproduce en otras comarcas agrarias andaluzas. Forma parte de un paisaje socialmente nocivo.

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