Dos imputados en el caso de los sobornos, condenados por un delito urbanístico
El juez impone a dos empresarios tres años de cárcel por daños y construcción ilegal
M. Rosa Font / Huelva, ENTORNO DE DOÑANA Actualizado 24.09.2010 - 05:01
Primera condena contra dos de los propietarios y gestores de empresas y fincas agrícolas del entorno de Moguer vinculados al escándalo destapado en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la red de corrupción que presuntamente pusieron en marcha cuatro funcionarios de la Administración autónoma. La sentencia de conformidad dictada por el juzgado de lo Penal 4 de Huelva contra el propietario y el encargado de la finca denominada El Morcillo impone una pena conjunta de tres años de prisión, un año (en cada uno de los casos) por un delito de daños en bienes de dominio público y otros seis meses de cárcel por un segundo delitos de construcción ilegal en suelo de especial protección. Además los condena al pago de una multa (de doce meses con una cuota diario de ocho euros) y los inhabilita por periodo de un año, en los dos casos, para ejercer de promotores o constructores de cualquier tipo de obra.Los dos responsables de la finca deberán presentar -en el plazo máximo de tres meses- un plan de regeneración y restauración del terreno afectado, así como un plan técnico que suponga la eliminación de las infraestructuras agrícolas que ocupan monte público y la nave ilegal deberá ser total o parcialmente demolida, según fije el informe técnico pericial. Ambos planes tendrán que contar con el visto bueno de las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y serán ejecutados bajo vigilancia de la Administración andaluza, para asegurar la regeneración del terreno. El juez considera probado que los empresarios, para aumentar la superficie de cultivo de la finca dedicada a usos agrícolas, ocuparon desde 2004 unos 3.600 metros cuadrados de la zona de monte público limítrofe y eliminaron la cubierta vegetal de pinos, matorral y eucaliptos, llegando a realizar excavaciones y aterramientos sin solicitar la autorización de Medio Ambiente, un permiso que nunca hubiera podido llegar a producirse ya que la zona se encuentra afectada por el plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Además, construyeron instalaciones para el ganado, con dos depósitos de estiércol de 30.000 y 40.000 kilogramos y con peligro de filtración por lixiviados a los acuíferos de la zona, así como una nave-vivienda de unos 500 metros cuadrados, sin que conste ninguna licencia ni autorización y sin que pueda ser legalizable en su estado actual por el exceso de volumen y altura.En todos los casos que han sido enjuiciados o están a las puertas se repite el mismo patrón. Los propietarios de explotaciones supuestamente pagaron a los agentes de Medio Ambiente para que hicieran la vista gorda ante sus presuntas ilegalidades.
Información de: www.huelvainformacion.es
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