El fiscal pide nueve años de prisión por una construcción ilegal junto a la playa
Acusa además a tres promotores de daños en la zona y de desobediencia grave
S.P. / Huelva, mazagón | Actualizado 20.04.2010 - 05:01
Una zona de la playa de El Vigía.
La Fiscalía de Huelva reclama nueve años de prisión para tres individuos que, en calidad de constructores y promotor, realizaron unas obras de construcción a partir de 2006 en una zona de servidumbre (la limitación que se impone sobre la franja de terrenos de propiedad privada colindante con la ribera del mar) de la playa de Mazagón, concretamente en la zona de Ciparsa-El Vigía, en el término de Palos.
El Ministerio Fiscal les acusa de un delito de daños en bien de dominio público, de desobediencia grave a la autoridad y de un tercer delito de construcción ilegal en zona especialmente protegida, que causaron daños en un total de 14.125 metros cuadrados de dicha zona y que fueron tasados en 2008 por técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 57.034,20 euros.
En la ejecución de estas obras, dirigidas y controladas por los acusados y que afectó parcialmente a zona de servidumbre de protección, se llevaron a cabo los trabajos a pesar de que Medio Ambiente denegó la autorización para llevarlas a cabo.
El fiscal señala que en el lugar existían especies de flora catalogadas en peligro de extinción y vulnerables, sin poder concretar el perjuicio concreto que habían sufrido por el inicio del desmonte, informa Europa Press.
La Delegación de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador y al mismo tiempo había llegado a un acuerdo con la promotora y con la constructora para trasplantar ejemplares de las especies reseñadas a zonas no afectadas por las obras y, en general, para que éstas perjudicaran lo menos posible a dichas especies, actuando en defensa del interés público con las limitaciones derivadas de encontrase ante un suelo urbanizable según el planeamiento municipal.
El proyecto estaba previsto en una zona suelo urbanizable, pero afectando a parte de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre (DPMT), por lo Medio Ambiente pudo comprobar que, pese al acuerdo alcanzado, las obras estaban invadiendo unos 2.125 metros de la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. Así, en enero de 2007, la Administración ambiental acordó incoar un procedimiento sancionador por las referidas obras, con adopción de la medida cautelar de la paralización inmediata de la actividad, lo que fue notificado a la constructora.
Inicialmente los acusados, reanudaron las obras sin afectar la zona de servidumbre pero en junio de 2007 las continuaron dentro de dicha zona, algo que fue detectado y denunciado por agentes de Medio Ambiente.
Sin embargo, los acusados continuaron las obras con la intención de poder terminar la urbanización proyectada, asumiendo que estaban afectando la zona de servidumbre del DPMT y haciendo caso omiso de la paralización.
Por ello, causaron daños en un total de 14.125 metros cuadrados de dicha zona de servidumbre de protección del DPMT, tasados por técnicos de Medio Ambiente según informe de febrero de 2008 en 57.034,20 euros. El juicio tendrá se celebrará mañana.
www.huelvainformacion.es
El Ministerio Fiscal les acusa de un delito de daños en bien de dominio público, de desobediencia grave a la autoridad y de un tercer delito de construcción ilegal en zona especialmente protegida, que causaron daños en un total de 14.125 metros cuadrados de dicha zona y que fueron tasados en 2008 por técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 57.034,20 euros.
En la ejecución de estas obras, dirigidas y controladas por los acusados y que afectó parcialmente a zona de servidumbre de protección, se llevaron a cabo los trabajos a pesar de que Medio Ambiente denegó la autorización para llevarlas a cabo.
El fiscal señala que en el lugar existían especies de flora catalogadas en peligro de extinción y vulnerables, sin poder concretar el perjuicio concreto que habían sufrido por el inicio del desmonte, informa Europa Press.
La Delegación de Medio Ambiente había abierto expediente sancionador y al mismo tiempo había llegado a un acuerdo con la promotora y con la constructora para trasplantar ejemplares de las especies reseñadas a zonas no afectadas por las obras y, en general, para que éstas perjudicaran lo menos posible a dichas especies, actuando en defensa del interés público con las limitaciones derivadas de encontrase ante un suelo urbanizable según el planeamiento municipal.
El proyecto estaba previsto en una zona suelo urbanizable, pero afectando a parte de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre (DPMT), por lo Medio Ambiente pudo comprobar que, pese al acuerdo alcanzado, las obras estaban invadiendo unos 2.125 metros de la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. Así, en enero de 2007, la Administración ambiental acordó incoar un procedimiento sancionador por las referidas obras, con adopción de la medida cautelar de la paralización inmediata de la actividad, lo que fue notificado a la constructora.
Inicialmente los acusados, reanudaron las obras sin afectar la zona de servidumbre pero en junio de 2007 las continuaron dentro de dicha zona, algo que fue detectado y denunciado por agentes de Medio Ambiente.
Sin embargo, los acusados continuaron las obras con la intención de poder terminar la urbanización proyectada, asumiendo que estaban afectando la zona de servidumbre del DPMT y haciendo caso omiso de la paralización.
Por ello, causaron daños en un total de 14.125 metros cuadrados de dicha zona de servidumbre de protección del DPMT, tasados por técnicos de Medio Ambiente según informe de febrero de 2008 en 57.034,20 euros. El juicio tendrá se celebrará mañana.
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