Empresarios implicados en el caso de los sobornos, a juicio por ocupación ilegal
La Fiscalía reclama en total 20 de años de cárcel por daños en bienes de dominicio público y construcciones no autorizadas en suelos protegidos · Hay cuatro fincas de Moguer implicadas
M. Rosa Font / HUELVA, entorno de doñana Actualizado 09.03.2010 - 05:01
Siete de los propietarios y gestores de empresas y fincas agrícolas de la zona de Moguer, vinculados al escándalo destapado en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta por la red de corrupción que presuntamente pusieron en marcha cuatro funcionarios adscritos a la Administración autonómica, están a las puertas de un primer juicio por ocupación de monte público y construcciones ilegales en sus explotaciones. A la espera de que la acusación pública concrete la petición de condena para las 14 personas que, hasta la fecha, están imputadas en el caso de los sobornos protagonizados por los agentes de Medio Ambiente (entre los que se encuentra el ex jefe de la Unidad de la zona de Moguer), las ramificaciones de la trama van a sentar antes en el banquillo a estos empresarios, para los que la Fiscalía solicita en total una pena de 20 años de prisión. En los tres casos en los que de momento hay calificación por parte del Ministerio Público se repite el mismo patrón. Los propietarios de explotaciones que supuestamente pagaron (unas veces en metálico y otras en especies) a los agentes de Medio Ambiente para que hicieran la vista gorda ante sus presuntas ilegalidades están acusados por delitos de daños en bienes de dominio público y por construcciones ilegales en suelo de especial protección. Una de estas fincas es Gomesa, ubicada en el paraje de Las Malvinas, en la que los socios que se encargaban de su explotación fueron ocupando monte público de forma progresiva a partir de 2004 para incrementar la superficie de cultivo en sus explotaciones. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en estos montes se eliminó cubierta vegetal, se realizaron excavaciones y se llegaron a vallar y levantar macrotúneles de plástico para la plantaciones, sin contar con el visto bueno de Medio Ambiente, una autorización que no es posible conceder ya que se trata de suelo afectado por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). En este caso, en el que se constató que las actuaciones de los imputados ocasionaron "graves daños" en el terreno, la acusación pública reclama dos años de prisión para cada uno y multa de doce meses con una cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada impago de dos cuotas de la sanción. Otros de los casos que está a las puertas de juicio es el de las fincas Las Posadillas y Pino Flandes, desde las que también se produjo una invasión de monte público (estatal y autonómico) en la misma época para incrementar, por parte de los empresarios que las explotan, la superficie de cultivo. Además, en estas explotaciones se han construido módulos de madera en suelo forestal que se han destinado a viviendas para los trabajadores agrícolas, así como naves y una balsa sin autorización alguna. Según consta en el expediente de la Agencia Andaluza del Agua, la petición para construir un pozo de uso doméstico quedó archivada ya que el empresario no llegó a presentar la documentación exigida. Aún así, se confirmó la extracción ilegal de agua para regadío y la construcción de dos pozos, que se hicieron tras la tala de árboles y desbroce de la vegetación. A los gestores se les acusa de daños en bienes de dominio público y otro de construcción ilegal en suelos de especial protección, por lo que la Fiscalía reclama dos años de prisión por el primero de los delitos y un año por el segundo de los descritos. El propietario y el encargado de la finca El Morcillo, también en el término de Moguer, están igualmente acusados por sendos delitos de construcción ilegal en suelos protegidos (la petición de condena es de año y medio de cárcel) y por daños en bienes de dominio público (se le piden a cada uno dos años de prisión) por ocupar 3.600 metros cuadrados de monte público colindante con la explotación para aumentar la zona de cultivo. En esta finca se detectó también que se habían construido instalaciones para el ganado, con dos depósitos de estiércol de 30.000 y 40.000 kilos, con peligro de filtración por lixiviados los acuíferos de la zona, y una nave destinada a vivienda de 500 metros cuadrados.
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